La derogación de la falta leve en la reforma del Código Penal llevada a cabo hace unos meses ha traído una consecuencia nefasta para los ciclistas profesionales y aficionados, a consecuencia del cambio legal son muchos los jueces que archivan causas penales por accidente de circulación, algo que compromete gravemente la seguridad para ciclistas. Tanto la Asociación de Ciclistas Profesionales (ACP) como la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) han denunciado la nueva situación legal, ya que los hechos no tienen por qué constituir una infracción legal. La consecuencia inmediata es que los afectados deben pedir la apertura de un proceso civil para reclamar a las compañías de seguros.
Algunos de los casos más sangrantes son aquellos que se archivan sin que el juzgado haya reclamado atestado policial, de esta manera no se conocen los detalles del accidente y no se puede calibrar la gravedad de la infracción cometida. La reforma en la ley que afecta a la seguridad para ciclistas ha provocado que sean los jueces de instrucción los que decidan si la investigación es necesaria, excluyendo así tanto lesiones como daños materiales de la decisión final.
Otra de las consecuencias que trae la reforma del Código Penal es que muchos casos deben pasar por la vía civil, una alternativa que es mucho más costosa que la penal. En principio el demandante debe costearse los peritos y los forenses que comprueben los daños físicos. Por si fuera poco, en caso de que la sentencia fuera desfavorable la decisión obliga a correr con los costes del juicio, algo que es inasumible para muchos de los afectados.
Las dos asociaciones de protección a los ciclistas han pedido el inmediato restablecimiento de la norma anterior. Hasta que la reglamentación sea restablecida se ha pretendido desde distintas asociaciones que momentáneamente se elabore una circular que establezca una actuación estandarizada para los magistrados.
Francisco Canes, presidente de DIA y Bartolomé Vargas, coordinador de Seguridad Vial han concertado una reunión para llegar a un acuerdo, de manera que puedan elaborar un discurso común que analice la situación y la compare con la legislación anterior, de cualquier modo parece que la única solución que garantiza la seguridad para ciclistas sería que lo considerado como falta de imprudencia pase a ser delito leve o grave, quedando fuera del ámbito penal los delitos de menor importancia.